Boletín Dignidad y Justicia¨ 4ta Edición

http://www.slideshare.net/MADJhn/boletin-dignidad-y-justicia

¿Qué es Auditoria Social, fundamento legal, para qué sirve?

Por Francisco Quintanilla

La Auditoria Social es sobre todo una acción política ciudadana pues el ciudadano o ciudadana decide voluntariamente participar, desde su iniciativa personal o en representación de alguna organización, vigilando la gestión pública y todo lo que esto implica, toma de decisiones para la administración de los recurso públicos : financieros, económicos, humanos y naturales.

En Honduras el proceso de Auditoria Social se inician prácticamente durante la presencia del Huracán. Mitch, la sociedad civil se organiza y se ocupa de vigilar la utilización de los recursos y ayudas durante a emergencia y posteriormente la ayuda para los procesos de reconstrucción y transformación del país. Desde ese momento y hasta el año 2009 no existió una definición clara de auditoria social ni el andamiaje legal que claramente definiera este proceso; fue la reforma a la Ley de municipalidades ( Decreto 123-2009)la que le dio vida a las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y que estableció claramente su forma de organización y atribuciones especificas a nivel municipal.

Posteriormente a este proceso de reforma a la Ley de Municipalidades, el Congreso Nacional ha incorporado en varias leyes la obligatoriedad que los diferentes actividades de gobierno estén obligados a rendir cuentas y la sociedad civil organizada a exigirlas mediante procesos de auditoria social a nivel nacional.A quienes se les puede solicitar información sobre lo que están haciendo en la gestión pública? a todos los miembros de los tres poderes del estado; Ejecutivo , Legislativo y Judicial , además a todas instituciones descentralizadas y las municipalidades y todas aquellas otras organizaciones que manejen fondos públicos: Iglesias, patronatos, comités de apoyo, club de amas de casa y otras más .Inicialmente se enfocó a los fondos que manejaban las municipalidades: subsidios, transferencias y fondos propios razón por la cual se definió la Auditoria Social  como: “proceso de participación ciudadana, tanto de hombres como de mujeres, orientado a vigilar los procesos de la gestión pública que aseguren la transparente ejecución de programas y proyectos, así como la prestación de servicios públicos de manera eficaz y eficiente.”(Art. 59- B Ley de Municipalidades)


Actualmente la auditoria social ,como proceso, se ha sectorizado y las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y las diferentes organizaciones que se ocupan de este tema realizan auditorías a nivel local o departamental al sector educativo ( presencia de docentes en clase, 200 días de clase, merienda escolar , matrícula gratis , usos de textos escolares ) también al sector salud ( solicitud y manejo de medicamentos, atención al paciente, distribución de recetas y medicinas, satisfacción de los pacientes.) Algunas organizaciones regionales han realizado auditorías a sector transporte y mantenimiento y construcción de caminos y carreteras.

La Auditoria Social busca fundamentalmente que la gestión pública se fundamente en la transparencia, el comportamiento ético de los funcionarios públicos, la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos y la rendición de cuentas , todo esto enfocado a que lo auditado se mejore en beneficio de los ciudadanas y ciudadanas

EN LAS ELECCIONES: CASTIGO A CORRUPTOS, APATRIDAS Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), consciente de que gran parte de la ciudadanía hondureña se siente convocada y participará en las elecciones generales del próximo 24 de noviembre, considera oportuno recordar que Honduras es un país con enormes riquezas, suficientes para asegurar una vida digna a cada hondureño y hondureña.

También recordamos, tristemente, que nuestro pueblo siempre fue dirigido por gobiernos serviles al capital nacional y transnacional, sin sentido de patria, indiscutiblemente corruptos, causantes de la penosa situación humana que ahora soportamos.

En estas circunstancias históricas, es una obligación del MADJ  llamar a nuestros hermanos y hermanas hondureñas, a las grandes mayorías, a las víctimas de la corrupción, de la violencia, de la injusticia y de la impunidad:

1. A no votar por candidatos y candidatas vinculadas a la corrupción pública, indistintamente del partido político al que pertenecen.
2. A no votar por candidatos y candidatas vinculadas a  violaciones de derechos humanos. Las aspiraciones de estos personajes constituyen una afrenta más a la dignidad humana.
3.  A no votar por candidatos y candidatas responsables de la entrega del  territorio nacional, de las aguas nacionales, de la riqueza mineral y forestal a empresas nacionales y trasnacionales.  Por aquellos y aquellas que siendo funcionarios públicos, siempre despreciaron el reclamo de nuestro pueblo y se convirtieron en mandaderos del gran capital.
4. A votar contra el funesto bipartidismo, responsable de  la vergonzosa herencia de país más corrupto, más violento, menos desarrollado etc. Más de un siglo de latrocinio y perversidad fue suficiente.
5. A Votar por compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas que han corrido el riesgo de involucrarse en la política electoral y siempre han encarnado las luchas históricas y justas del pueblo hondureño.
6. A fortalecer los gobiernos locales, apoyando a compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas con un verdadero sentido de patria  y de reconocida probidad.

Finalmente, para el MADJ es oportuno recordar que las justas y legítimas luchas del pueblo se libran y se seguirán librando, con mayor acierto, permanencia y legitimidad, desde un movimiento social autónomo y fuerte, por eso consideramos oportuno reiterar el llamado a rescatar y fortalecer los movimientos sociales hondureños, incluyendo el Frente Nacional de Resistencia Popular.

¡CASTIGO A POLITICOS CORRUPTOS Y APATRIDAS! 

  ¡JUSTICIA Y DIGNIDAD!

LA CIDH otorga medidas cautelares a 38 indígenas compañeros y compañeras del MADJ

La CIDH otorgó medidas cautelares a 18 compañeros y compañeras líderes indígenas tolupanes de Locomapa, Yoro; que junto a sus familiares  suman 38 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la justicia MADJ.  Por considerárseles  amenazados y en una situación de urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo.

 Por lo que, dicha resolución solicita al gobierno hondureño:

1. Adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los 18 integrantes del    Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y sus familiares.

 2. Concierte las medidas a adoptar con sus beneficiarios y representantes.

 3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia presentó el 20 de Noviembre del 2013 junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, una solicitud de medidas cautelares  a favor de 18 compañeros y compañeras  y familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para que se requiera a la República de Honduras la protección de la vida e integridad personal de los compañeros tolupanes que integran el MADJ y el de sus familiares. Los cuales, están recibiendo una serie de amenazas, actos de hostigamiento y hechos de violencia debido a su lucha por la defensa de los bienes naturales de los pueblos indígenas de Locomapa, Yoro.

Lucha permanente que costó la vida de los compañeros indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, el 25 de Agosto del presente año. Asesinatos que continúan en la impunidad, ya que los responsables de este hecho no han sido capturados y persisten en la zona. Siendo a raíz de este triple crimen y de las múltiples amenazas recibidas que 8 de ellos se vieron forzados a salir de sus comunidades.

El pueblo indígena tolupan y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia exige contundentemente  castigo a los responsables que aún no han sido capturados y denunciamos  la inoperancia de las instituciones policiales y de justicia en el país.  Contribuyendo a perpetuar la violencia e impunidad en Honduras, principalmente en los pueblos que luchan por la defensa de su territorio y bienes naturales; violentando el derecho a la autodeterminación y el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.

Por la Dignidad, contra la corrupción y la impunidad!!!
Contra el saqueo de los bienes naturales, nacionalización ya!!!


Movimiento por la Dignidad y la Justicia
19 de Diciembre 2013

Concesión para la explotación de petróleo en la Mosquitia

El concesionamiento del territorio en el país, ha sido histórico en sus múltiples formas, una de las más constantes es la explotación de minerales metálicos y no metálicos. Siendo Honduras un territorio fértil y con muchas riquezas naturales, e incluso poseyendo una región selvática de las más ricas en bienes naturales de la región y del mundo.  La cual, se ve amenazada con la explotación de petróleo, al entregar el gobierno de Honduras un permiso de explotación  a la empresa británica BG Group por un periodo de veinte años, con posibilidad de extenderse.

Siendo  en las costas de La Mosquitia, al este de Honduras donde se iniciará la exploración de petróleo y gas, antes de finalizar el mes de enero con una inversión este año de 20 millones de dólares, indicó el Grupo empresarial británico BG.

La exploración de combustibles fósiles, ya cuenta con la licencia ambiental  y se realizará en un área marítima de 35 mil kilómetros cuadrados rica en recursos naturales y especies marinas. Los cuales, se verán seriamente afectados, al igual que su hábitat natural, que será modificada seriamente. De acuerdo al contrato, si BG encuentra petróleo en cantidades comerciales durante la explotación, Honduras recibiría el 15 % del petróleo y gas, mientras la empresa recupera sus costos de inversión, y luego el Estado recibirá hasta un 58 % de las extracciones de combustibles fósiles.


Además, de lo que percibirá económicamente el Estado hondureño, que en muchas ocasiones se pierde en corrupción. ¿Qué les queda a las comunidades en su mayoría indígenas misquitas que viven en la zona?  ¿Será que mejoraran sus condiciones de vida y nuestros hermanos y hermanas hondureñas no morirán más de hambre o de indiferencia? ¿Será que al Estado hondureño le interesa garantizar y proteger los pueblos indígenas, o simplemente saquear sus bienes naturales en un modelo  extractivista que recorre toda Latinoamérica, beneficiando a las monopólicas transnacionales? ¿Con el permiso y licencia ambiental se garantizará que dicha exploración y explotación de petróleo no provocará deterioro o  destrucción en la Reserva Biológica?

Pues son muchas preguntas y pocas respuestas por parte en Estado, pero lo que sí es seguro, que a la empresa BG no le interesa cualquier daño que pueda provocar a las comunidades y pueblos indígenas que allí habitan o la preservación de la Reserva biológica; su máximo interés es explotar los bienes naturales de la zona, muchos mas, que petróleo y  llevarlo a su país y  luego regresar convertido en petróleo a un costo más elevado que todos y todas las hondureñas paguemos. Aunque ese recurso haya salido de nuestro territorio.

La increíble riqueza natural que posee el departamento de Gracias a Dios, teniendo la Biosfera del Rio Plátano la convierten en un lugar paradisiaco y muy apetecido por estas empresas extractoras de bienes naturales. Por eso no se descarta, que la guerra contra el Narcotráfico en la zona, sea solo una cortina de humo para apropiarse de la zona, más allá de realmente atacar esta situación.

Por la Dignidad, contra el saqueo nacional!


Por la soberanía territorial, nacionalización ya!!

Proclama por la defensa del territorio en lucha contra la corrupción

Proclama por la defensa del territorio en lucha contra la corrupciónNosotras y nosotros, hombres y mujeres, integrantes del Movimiento Amplio  por la Dignidad y la Justicia (MADJ), reunidos en la Asamblea General  2013, donde se analizó la coyuntura nacional, tras unas elecciones fraudulentas y la creciente criminalización a la lucha social, aumentando la persecución a líderes defensores de derechos humanos por denunciar  el continuo concesionamiento del territorio, para la explotación minera e hidroeléctrica, en detrimento de los derechos del pueblo hondureño, y la soberanía nacional.

Proclamamos ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional:

1. Las pasadas elecciones son una manifestación real de descontento de la población hondureña  al bipartidismo gobernante, logrando su fragilidad en la vida política del país y la necesidad  de cambios al mostrar   confianza a otros partidos políticos como LIBRE y PAC. Pero también, son una demostración de corrupción política en su máxima expresión,  empleada desde la descalificada institucionalidad que respondiendo a intereses extranjeros y de politiqueros representantes de la oligarquía nacional se perpetúan en las instituciones del Estado, solo cambiando de poder.

2. Consideramos que el inmediato reconocimiento de las elecciones generales por organismos internacionales y países como Estados Unidos y de la Unión Europea constatan el respaldo a la dirigencia política servil garante de la aplicación de un modelo neocolonial, con las múltiples concesiones de territorio, ya sea, en aguas, bosques, tierra y minerales; como materias primas necesarias para el desarrollo de dichas potencias a costa de la destrucción y  miseria de nuestros pueblos.

3. Condenamos la instalación de bases militares estadounidenses en nuestro país, que con la  política de lucha contra el narcotráfico, aumentan el control geopolítico en la región Latinoamericana; violentando la soberanía nacional.

4. Conociendo la existencia de más de 1200 proyectos hidroeléctricos en proceso de concesionamiento en el país, cerca de 500 mil hectáreas de territorio para la explotación minera y el 50% de los bosques están en manos privadas, siendo solo el 2% aprovechado por indígenas; estos datos nos llevan a reflexionar sobre el concesionamiento  inmisericorde y la privatización de los bienes naturales, establecida en el Plan de Nación y Visión de país como estrategia económica.

5. Repudiamos la creciente criminalización de la protesta social como política de Estado, infundiendo el terror a la población hondureña con medidas inapropiadas de seguridad como policía militar y fuerzas tigres, profundizando la represión a líderes sociales y políticos, y a todo el pueblo en lucha.

6. Exigimos que se detenga la persecución judicial en contra de   los compañeros Víctor Fernández y  Martin Fernández,  así como del Patronato de Nueva Esperanza, Tela, Atlántida criminalizados judicialmente  por su lucha contra la corrupción y el concesionamiento ilegal  de mineras e hidroeléctricas en el departamento de Atlántida.

7. Reclamamos castigo a los responsables asesinos de la muerte de compañeros indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, asesinados por su lucha en la defensa del territorio y bienes naturales. ¡No más impunidad!

8. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, propone un proceso participativo de elección de las autoridades del sistema de justicia en el país, impulsando articulaciones y demandar a los fiscales del Ministerio Público su renuncia al cargo en el mes de marzo, retomando el proceso correspondiente para la elección de fiscales.

9. Alertamos a las autoridades electas en los diferentes cargos de administración pública, que realizaremos vigilancia social, dando seguimiento a los foros políticos en los que presentaremos propuestas de políticas públicas sobre transparencia y lucha contra la corrupción, la nacionalización de bienes naturales; exigiendo rendición de cuentas y consulta a las comunidades sobre su legítimo derecho.

10. Ratificamos que como organización político social continuaremos organizándonos, formándonos políticamente y luchando contra la corrupción e impunidad, en defensa de los bienes naturales y por el respeto a los derechos humanos.

11. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ratifica su integración en  los diferentes espacios organizativos del Movimiento Social de forma coyuntural, con objetivos claros y  acciones concretas, tanto en el Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP como en La Plataforma del Movimiento Social, con mecanismos de resistencia por la defensa del territorio nacional.

12. Exhortamos a la población hondureña a estar firme en la lucha por la defensa de la vida y en contra de un modelo que prima los intereses de unos pocos en detrimento de muchos, despojando a los pueblos de su riqueza y violentando la soberanía nacional.

Por la Dignidad, contra la corrupción e impunidad…
Por la dignidad, contra la injusticia y desigualdad…
Contra el saqueo de bienes naturales, nacionalización ya…

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Honduras, C.A.  Diciembre 2013

¿Avanza Honduras en la lucha contra la corrupción?

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, en una expresión de dignidad y de construcción de una nueva cultura política de transparencia, se hace presente en Tegucigalpa a través de líderes ciudadanos (as) de diferentes departamentos, para denunciar la agudización e institucionalización de la corrupción y exigir públicamente la incorporación real, de la lucha por la transparencia en la agenda de trabajo diaria del país.

Para el MADJ es evidente que Honduras, a través de su institucionalidad pública, no avanza ni discursiva ni técnicamente en la lucha contra la corrupción. La profundización de la crisis generalizada que vive el país es el resultado más evidente del incremento de la avaricia de la clase política y económica que dirige al país, misma que se salta leyes y consensos establecidos para su beneficio propio en detrimento de las mayorías.
Este hecho provoca que internacionalmente Honduras sea reconocida como el “país más corrupto” de Centroamérica y que a nivel nacional se hable de una supuesta “cultura de la corrupción.” Sin embargo, para el MADJ la caracterización de “país más corrupto” no es sinónimo de ciudadanas y ciudadanos corruptos, puesto que la ciudadanía se reconoce como víctima de la corrupción porque esta le impide el acceso y disfrute de sus derechos; y tampoco acepta la existencia de una “cultura de la corrupción” porque es la clase política y económica presente en la institucionalidad pública quienes practican la corrupción y se benefician de ella.

Es la ciudadanía la que permanentemente señala y denuncia los actos de corrupción y es la ciudadanía hondureña la que se compromete también a promover una cultura que valore el comportamiento ético de los funcionarios públicos.

Es en este sentido que el MADJ se presenta hoy en Tegucigalpa para reiterar sus denuncias por el comportamiento corrupto de la institucionalidad pública, especialmente del Ministerio Público y la Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente en los siguientes casos:

· Por la entrega del territorio a través de cientos de concesiones mineras y la construcción de represas sin cumplir con los requerimientos mínimos que aseguren el bienestar de las comunidades aledañas y de la protección de los bienes naturales. No existe ningún control en el otorgamiento de las licencias ambientales mismas que son simplemente tramitadas por los grupos de poder político y económico, nacionales e internacionales, sin que exista una valoración técnica de la rentabilidad económica, social, ambiental de la misma.
· Impugnación sobre la licencia ambiental al proyecto minero Buena Vista I, ubicado en la comunidad de Nueva Esperanza, Tela, Atlántida, misma que se otorgó sin la debida consulta a las comunidades y violentando los parámetros internacionales para la exploración y explotación de óxido de hierro y otros minerales. Actualmente este proyecto ya está en marcha y ya existen problemas de contaminación de agua, deforestación, destrucción del hábitat de la comunidad y existen casos de amenazas a muerte y expulsión de las comunidades que defienden su territorio.

• Se reitera la denuncia ante la SERNA y el MP por la persecución judicial que criminaliza a nuestros compañeros Víctor Fernández, Martin Fernández y al Patronato de Nueva Esperanza debido a su lucha por la defensa del territorio, Bienes Naturales y Derechos Humanos de las poblaciones de Atlántida, esta persecución es resultado de la violencia política, social, que ejercen los grupos de poder económico y político a través de la institucionalidad pública.

· Se presenta de manera pública una denuncia en contra del Director General del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Aldo Santos y el Secretario General de esa dependencia, a fin de que se inicie un proceso de investigación que determine si se cometieron los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en el proceso de otorgamiento de la concesión al Proyecto Minero El Socorro en Tela, Atlántida. Las comunidades aledañas al proyecto minero presentaron ante los juzgados una demanda para que no se autorice dicho proyecto. Pese a la presentación de esta demanda y antes de que el juzgado se pronunciara al respecto, las autoridades del INHGEOMIN resolvieron de manera favorablemente dicha concesión.

· Demandamos que la SERNA y el INHGEOMIN no otorguen más licencias ambientales para proyectos mineros, hidroeléctricos y forestales en los lugares en los cuales no se ha hecho el procedimiento de consulta previa, libre e informada, que debe ser el procedimiento mínimo inicial que debe desarrollarse para el posible concesionamiento de un bien natural.

· El MADJ exige justicia para María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, indígenas Tolupanes asesinados el 25 de agosto de 2013 en la Tribu San Francisco, Locomapa, Yoro; por su lucha en defensa del bosque y en contra de la explotación minera ilegal, asesinatos que continúan en la impunidad, ya que hasta el momento el sistema Judicial no ha capturado a los responsables. · Se demanda que el MP investigue de manera real los actos de corrupción, violencia y muerte ocasionados por los procesos de entrega y saqueo de las riquezas de las comunidades mediante concesionamientos mineros, hidroeléctricas y forestales.

· Denunciamos que el debilitamiento de la institucionalidad democrática del país continúe siendo una constante y que tenga en el Ministerio Público su mejor expresión. Razón por la cual demandamos el apego a la Ley del MP y a la Constitución de la República y que las actuales autoridades procedan de manera digna a poner a disposición sus cargos a fin de que se establezca un nuevo procedimiento para el nombramiento, en marzo, de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Adicionalmente, reiteramos nuestra petición para que el Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar, se abstenga de conocer lo casos que en torno al otorgamiento de concesiones, licencias ambientales son investigadas por el MP, puesto que muchas de ellas fueron autorizadas cuando el fungía como Secretario de la SERNA.

· Exigimos de igual forma que las actuales autoridades del MP informen sobre las últimas rotaciones de fiscales, especialmente en la Fiscalía Anticorrupción, y que brinden explicaciones sobre los casos manejados por sus titulares. Reiteramos que sacrificar al MP desde adentro para ocultar la corrupción y el compadrazgo político–económico no es una alternativa ante la debilidad democrática del país. Finalmente para el MADJ trabajar en la lucha por la transparencia y en contra de la corrupción es una verdadera alternativa del país para salir de las enormes dificultades económicas, sociales, ambientales y políticas del país por lo cual proponemos:

· La nacionalización para la exploración y explotación de los bienes naturales y que se desarrollen iniciativas empresariales estatales, municipales y comunitarias para el aprovechamiento sostenible en plena armonía con la naturaleza. · Proponemos que se desarrolle un gran acuerdo ciudadano por la transparencia y en contra de la corrupción pública desde un ejercicio determinado y valiente para enfrentar a los grupos políticos corruptos y violentos que destruyen la poca gobernabilidad y acaban con las esperanzas de una vida digna y justa para este sufrido pueblo Hondureño.

Ratificamos nuestra lucha pacífica y ciudadana por la vida y en contra de los corruptos y corruptas.Lucha que continúa desde todos los lugares y pueblos donde se siente dolor de patria, ya que hoy más que nunca, ¨solo el pueblo salva al pueblo¨. 

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

9 de diciembre, 2013

CELAC: CITA EN LA HABANA

Atilio Borón

25/01/2014.- No es un milagro, pero casi. Contra todos los pronósticos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se va consolidando como institución “nuestroamericana” y está a punto de celebrar en La Habana su Segunda Cumbre de Presidentes. Decimos “milagro” porque ¿quién habría podido imaginar, hace apenas cinco años, que el sueño bolivariano de Hugo Chávez –sueño fundado en un impecable diagnóstico de la geopolítica mundial- por construir un organismo regional sin la presencia de Estados Unidos y Canadá rendiría sus frutos?

Para ello Chávez y quienes lo acompañaron en esta empresa patriótica tuvieron que vencer toda clase de obstáculos: la resignación de algunos gobiernos, la claudicación de otros, el escepticismo de los de más allá y la sistemática oposición de Washington, dato nada menor en la política de nuestros países. Eppur si muove, diría Galileo al contemplar la concreción de este proyecto bolivariano que por primera vez en la historia nuclea a todas las naciones de América Latina y el Caribe con la sola excepción -¡por ahora!- de Puerto Rico. Sin dudas, el fortalecimiento de la CELAC -como el de la UNASUR en el plano sudamericano- son muy buenas noticias para la causa de la emancipación de la Patria Grande.

La Casa Blanca intentó primero impedir el lanzamiento de la CELAC, realizado en Caracas en Diciembre del 2011 con la presencia de su incansable promotor y mentor, ya atacado por el cáncer que le costaría la vida. Al fracasar en su intento el imperio movilizó a sus aliados regionales para abortar –o por lo menos, posponer para un futuro indefinido- la iniciativa. Tampoco resultó. La siguiente estrategia consistió en utilizar algunos de sus incondicionales peones en la región como caballos de Troya, para malograr desde adentro el proyecto. No avanzó demasiado, pero consiguió que el primer gobierno que ejerció la presidencia pro témpore de la CELAC durante el 2012, el Chile de Sebastián Piñera, declarase por boca de Alfredo Moreno, su canciller, que “la CELAC será un foro y no una organización, que no tendrá sede, secretariado, burocracia ni nada de eso”. ¡Un foro!, es decir, un ámbito de amables e intrascendentes pláticas de gobernantes, diplomáticos y expertos que ni por asomo pondría en cuestión la dominación imperialista en Latinoamérica y el Caribe.

Y la Casa Blanca también logró, a través del militante activismo de sus principales amigos de la Alianza del Pacífico: México, Colombia y Chile, que todas las decisiones de la CELAC debieran adoptarse por unanimidad. Parecería que la “regla de la mayoría” –tan cara a la tradición política estadounidense- sólo funciona cuando conviene; cuando no, se impone un criterio que de hecho le confiere poder de veto a cualquiera de los treinta y tres miembros de la organización. Pero ésta es un arma de doble filo: Panamá u Honduras podrán vetar una resolución que exija poner fin al status colonial de Puerto Rico, pero Bolivia, Ecuador y Venezuela podrán hacer lo mismo ante otra que proponga requerir la colaboración del Comando Sur para combatir al narcotráfico.

El segundo turno presidencial de la CELAC, durante el 2013, recayó en Cuba, y el presidente Raúl Castro Ruz dio pasos importantes para desbaratar las maquinaciones del canciller chileno: se avanzó en la institucionalización de la CELAC y se creó el embrión de una organización que para esta próxima Cumbre pudo elaborar 26 documentos de trabajo, algo que ningún foro hace. Algunas propuestas, como la declaración de América Latina y el Caribe como una “Zona de Paz” serán objeto de un sordo debate porque no se trata sólo de evitar la presencia de armas nucleares en la región -¿cómo saber si ya no las hay en la base de Mount Pleasant, en nuestras Islas Malvinas?- sino también de utilizar el recurso de la fuerza para dirimir conflictos internos.

Este tema hace subrepticia alusión a la tradición intervencionista de Washington en Latinoamérica y a la presencia de sus 77 bases militares en la región, cuyo propósito es exactamente ese: intervenir, cuando las condiciones lo aconsejen, con su fuerza militar en la política interna de los países de la región complementando la abierta intervención que ya Washington realiza en todos ellos.

Recuérdese, para poner un ejemplo bien didáctico, el decisivo papel de “la embajada” para determinar el ganador de la reciente elección presidencial en Honduras. El tema, como se ve, será uno de los más urticantes y divisivos porque hay gobiernos, y no son pocos, que no sólo toleran la presencia de esas bases militares norteamericanas sino que, como Colombia, Perú y Panamá, las reclaman. Otro tema potencialmente disruptivo es la aprobación de la propuesta venezolana de integrar a Puerto Rico a la CELAC -lo cual es absolutamente lógico teniendo en cuenta la historia y el presente de ese país, así como su cultura, su lengua, y sus tradiciones- pero que probablemente suscite reservas entre los gobiernos más cercanos a Washington para quien Puerto Rico es un innegociable botín de guerra.

Una guerra cuya victoria les fue arrebatada a los patriotas cubanos y merced a lo cual con la apropiación de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, la Roma americana iniciaría su ominoso tránsito de la república al imperio. Se descuenta, en cambio, un apoyo unánime para el reclamo argentino en relación a las Islas Malvinas, al levantamiento del bloqueo a Cuba y para otras propuestas tendientes a reforzar los vínculos comerciales, políticos y culturales. Se sabe que Ecuador presentará una propuesta de repudio al espionaje que realiza los Estados Unidos y de desarrollo de una nueva red de comunicaciones en la Internet a salvo de la interdicción de Washington; y que es probable que se aprueben propuestas concretas en relación al combate a la pobreza y que se examinen alternativas para consolidar el Banco del Sur y, eventualmente, para crear una gran empresa petrolera latinoamericana, tema sobre el cual el presidente Chávez había insistido una y otra vez.

La transición geopolítica internacional en curso, y que se manifiesta en el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia el Asia-Pacífico; la declinación del poderío global de Estados Unidos; el irreparable derrumbe del proyecto europeo; la persistencia de la crisis económica estallada a fines del 2007 y que sólo parece acentuarse con el paso del tiempo y la permanencia de un “orden” económico mundial que concentra riqueza, margina naciones y profundiza la depredación del medio ambiente han actuado como poderosos alicientes para remover la inicial desconfianza que muchos gobiernos tenían en relación a la CELAC.

El acuerdo logrado en Caracas en 2011 establecía que una troika se haría sucesivamente cargo de la presidencia durante los primeros tres años: comenzó Chile, siguió Cuba (ratificando el repudio continental al bloqueo estadounidense y su propósito de aislar a la Revolución Cubana) y al terminar esta Cumbre la presidencia se trasladará a Costa Rica. Este país, incondicional aliado de Washington, deberá afrontar unas decisivas elecciones el próximo 2 de Febrero, cuando por primera vez en décadas la hegemonía política de la derecha neocolonial costarricense estará amenazada por el ascenso de un nuevo y sorprendente actor político: el Frente Amplio.

La actual presidenta, Laura Chinchilla, por largos años funcionaria de la USAID, garantizaba con el triunfo del oficialismo la “domesticación” de la CELAC y el retorno al proyecto acunado por Sebastián Piñera y expresado con total descaro por su canciller. Pero todas las encuestas dan por sentado que habrá una segunda vuelta y allí el discurso y las propuestas bolivarianas del candidato del Frente Amplio, José M. Villata, podrían catapultarlo a la presidencia de Costa Rica.

Por supuesto, al igual que ocurriera pocos meses atrás con las elecciones presidenciales en la vecina Honduras todo el aparato de inteligencia, manipulación mediática y financiamiento de los partidos amigos ha sido ya puesto en marcha por Washington, para quien una derrota de la derecha neocolonial costarricense sería un revés de amplias repercusiones regionales. Si tal cosa ocurriera, la CELAC podría dar un nuevo paso hacia su definitiva institucionalización, algo que América Latina y el Caribe necesitan impostergablemente.

Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013.

ORIGEN DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

Huelga de Hambre

El 7 de abril del 2008, cuatro fiscales del ministerio público tienen la iniciativa de irse a una Huelga de Hambre.

¿Por qué la huelga?
Por la frustración que sentían ya que a pesar de varios años de lucha contra la corrupción dentro del ministerio público, este ente seguía ocultando los casos más sonados de corrupción y por ende la protección de personajes “importantes” de nuestro país.
Después de 38 días de Huelga  de Hambre, este movimiento se formaliza con la celebración de la 1ª asamblea el 24 de mayo del 2008. Por unanimidad de los ahí presentes fue aprobada la creación del:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)