En este marco, las organizaciones firmantes manifestamos:
Primero: A partir del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, la institucionalidad democrática continúa siendo frágil. Las autoridades continúan sin reconocer la ruptura del orden constitucional, la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho contexto se mantienen impunes, y las estructuras de poder (como la Corte Suprema de Justicia y los militares) que facilitaron el golpe de Estado no han sido sancionadas. La inde- pendencia judicial todavía es un anhelo ante los temores y las numerosas injerencias que afectan a quienes im- parten justicia.
Segundo: Paulatinamente se ha venido fortaleciendo el poder militar en detrimento del poder civil. Actualmen- te, militares dirigen diversas instituciones públicas, por ejemplo: la Dirección de Migración, Aeronáutica Civil, HONDUTEL, Registro Nacional de las Personas, entre otras. Adicionalmente, el gobierno creó la policía mili- tar de orden público y ahora pretende darle rango constitucional.
Tercero: Las cifras de violencia no han disminuido, pese a nuevas disposiciones que modifican el método para establecer la cantidad de muertes violentas y que impiden el acceso a la información pública, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia, actualmente ocurren 79 muertes violentas por cien mil habitantes. La impunidad sobre este tipo de hechos es casi total (92%).
Cuarto: Si bien se han aprobado planes de acción en materia de derechos humanos, estos no se están implemen- tando, por ello Honduras está en deuda con la garantía plena de los derechos de todos y todas sus habitantes. En particular, preocupa la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, la vio- lencia contra las mujeres, las niñas, las personas jóvenes, así como la discriminación y violencia en contra de las personas de las comunidades lésbicas, gays, trans, e intersex, la criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos, las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de libertad, las amenazas y asesinatos contra quienes ejercen la libertad de expresión así como contra operadores de justicia que han demostrado honradez y transparencia en sus trabajos.
Quinto: La visita de todos los integrantes de la Comisión Interamericana constituye una oportunidad valiosa para que el Estado hondureño rinda cuentas sobre sus actuaciones pasadas y presentes, pero principalmente pa- ra que informe sobre sus planes para abordar las diversas problemáticas que aquejan al país.
La Sociedad Civil Organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano al país, así como de que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que per- mitan mejorar la situación de derechos humanos de todos y todas las hondureñas.
Al nuevo Gobierno, le manifestamos que esta visita constituye una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.
Coalición Contra La Impunidad
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